La diputada provincial Lorena Ponce, representante de 28 de Noviembre, expuso públicamente la compleja situación que rodea el desafuero de Fernando Español, un proceso que lleva más de 135 días sin resolución en la Legislatura de Santa Cruz.
El desafuero de Fernando Español: 135 días de demora
Durante una entrevista radial, Ponce explicó que desde febrero viene solicitando el tratamiento del proyecto de resolución 07/25 de su autoría para avanzar con el desafuero de Fernando Español. «Tenemos tres oficios, el primero es el 535 del 19 de febrero, después entraron otros más, además de las notas de los jueces pidiendo la pronta resolución», detalló la legisladora.
La diputada señaló que el pedido surge tras las denuncias por abuso sexual presentadas contra el legislador, incluyendo el testimonio público de Celeste Gordillo durante el segundo encuentro de trincheras. «Los vecinos tienen que entender que lo único que estamos pidiendo no somos jueces, estamos pidiendo que se tome una decisión», enfatizó Ponce.
Obstáculos políticos en el desafuero de Fernando Español
Según Ponce, existe un claro «blindaje» político que impide el avance del desafuero de Fernando Español. La legisladora denunció que tanto el diputado Luxen como la diputada Nieto López presentaron una ley de fueros «a medida» del acusado, pero que tampoco está siendo tratada en comisiones.
«Al ser pocos tampoco podemos hacer una observación ni modificar esa ley que va a ser denominada ‘ley española’ porque es justo a medida del diputado», criticó la representante de la oposición.
La diputada explicó que desde el inicio de la nueva gestión existe una imposición: para que ingrese el tratamiento de cualquier proyecto se necesita mayoría, y la oposición es minoría. «Nunca vamos a tener las manos, entonces nunca entran», lamentó.
Controversia judicial en el caso del desafuero de Fernando Español
Un aspecto particularmente grave denunciado por Ponce es la designación de la doctora Borges como jueza de primera instancia. «Es la abogada o fue hasta ayer la abogada de Fernando Español, quien estuvo en el consejo de la magistratura donde se eligen los jueces», reveló indignada.
Para la legisladora, esta designación compromete la transparencia del proceso: «Después no hablemos de transparencia, no hablemos de justicia. Nombrar de jueza a una abogada que estuvo defendiendo a un diputado por violación es una vergüenza».
El tiempo límite para el desafuero de Fernando Español
Ponce alertó sobre el factor tiempo en el desafuero de Fernando Español: si en 180 días no se resuelve, el pedido se cae automáticamente. «Recuerden que en los 180 días hay un tiempo legal también para hacerlo», advirtió.
La diputada explicó que actualmente el proceso se encuentra trabado en la comisión de asuntos constitucionales, que sesiona los lunes a las 16 horas y transmite por redes sociales. Esta comisión está integrada por Adriana Nieto López, Patricia Orrutia, Javier Jara, Eloy Echazú, Lorena Ponce y Pedro Muñoz.
Impacto en la gestión legislativa
Más allá del desafuero de Fernando Español, Ponce criticó el funcionamiento general de la Legislatura provincial. Denunció que al 28 de Noviembre no ingresaron los 175 millones correspondientes al primer semestre de 2024 «porque somos oposición».
La legisladora también cuestionó la creación de 875 nuevos cargos en la administración pública provincial mientras persisten problemas sociales urgentes. «Preferimos crear más cargos políticos en vez de pensar en la gente que está sin trabajo», sentenció.
Futuro político del caso
Respecto al futuro político de Español, Ponce fue contundente: «Lo podrán blindar ahora, pero cuando se le venza el mandato lo va a llevar la policía preso, porque los políticos tienen fecha de vencimiento».
La diputada expresó su sorpresa por mantener a Español como primer candidato a diputado provincial conociendo su situación judicial, e incluso mencionó rumores sobre una posible candidatura nacional.
El desafuero de Fernando Español se ha convertido en un caso testigo sobre la transparencia y el funcionamiento de la justicia en Santa Cruz, donde la ciudadanía reclama igualdad ante la ley independientemente del cargo político que se ostente.
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