Lázaro Báez prisión común representa un cambio significativo en las condiciones de detención del empresario condenado por lavado de dinero y asociación ilícita. La diputada Roxana Reyes expresó su posición sobre este tema durante una entrevista radial, donde abordó las implicancias del sistema carcelario argentino para los condenados por corrupción.
El caso Lázaro Báez prisión común según Roxana Reyes
La legisladora manifestó que «la verdad que los escucho a ustedes y es un bálsamo, porque a veces parece que somos algo raro cuando planteamos esto». Reyes viene denunciando desde hace tiempo que los condenados por corrupción «viven como señores, viven como reyes, con nuestras custodias, con nuestros recursos, con nuestros datos, con la plata que nos robaron».
El traslado de Lázaro Báez prisión común se produjo después del incidente protagonizado por Cristian Ara, quien había estado cumpliendo prisión domiciliaria en una lujosa propiedad del Calafate. Esta situación generó indignación en diversos sectores de la sociedad argentina.
La indignación por los privilegios carcelarios
«A mí me da absolutamente igual que Lázaro Valle esté cerca de su casa, lejos de su casa, que esté con la comodidad del sillón, del Smart TV o de lo que sea», expresó Reyes, enfatizando que el daño causado a los argentinos y santacruceños es terrible. La diputada remarcó que mientras los condenados mantenían privilegios, «la gente está sin gas, está matándose en las rutas, está con colegios que se caen a pedazos por culpa de estos delincuentes mayores».
El caso Lázaro Báez prisión común simboliza para Reyes una cuestión de justicia, no de venganza. «¿Cómo vamos a lograr que los que están ahora en el poder o los que estén en cualquier poder no roben, si ven que da lo mismo, da todo igual?», se preguntó la legisladora.
Críticas al sistema judicial y la corrupción estructural
Reyes también abordó otros casos pendientes, mencionando la situación de ICRT y los fondos desviados. «Falta que auditen los fondos que se robaron en el IDUM», declaró, refiriéndose a recursos que no están incluidos en las causas principales como la ruta del dinero K o la causa de vialidad.
La diputada cuestionó que personas con causas elevadas a juicio por malversación de fondos públicos continúen ocupando cargos de responsabilidad. Específicamente mencionó el caso de Jaime Álvarez, quien «desde el 2019 tiene elevada una causa por corrupción por haber manejado los recursos de ICRT» y actualmente «está sentado en la Casa de Santa Cruz hablándole a los empresarios y disponiendo y tomando medidas sobre los recursos de Santa Cruz».
La necesidad de recuperar los fondos malversados
El traslado de Lázaro Báez prisión común debe acompañarse, según Reyes, de acciones concretas para recuperar los bienes mal habidos. «Hay que recuperar lo que robaron, hay que hacerles devolver lo que robaron, hay que rematar todo para que vuelva a los hospitales, a las escuelas, a las rutas», sostuvo la diputada.
La legisladora destacó que existe «un PBI robado» que debe ser recuperado para el Estado argentino. Esta posición refleja la demanda social de que los condenados por corrupción no solo cumplan sus penas, sino que también restituyan los fondos apropiados indebidamente.
El cambio cultural necesario
Reyes planteó la necesidad de un cambio cultural profundo en la sociedad argentina. «¿Cuándo vamos a poder cambiar y ganar esta batalla cultural?», se preguntó, haciendo referencia a la naturalización de la corrupción en algunos sectores sociales.
La diputada mencionó el caso simbólico del mausoleo de Lázaro Báez en el cementerio de Río Gallegos, describiendo como «tuvo el tupé de levantar ese mausoleo que no lo tiene ni un faraón, y todas las tumbas pequeñas alrededor».
Perspectivas futuras del caso
El caso Lázaro Báez prisión común representa un precedente importante en el tratamiento de condenados por corrupción en Argentina. Reyes advirtió sobre la necesidad de mantener la presión para que estos cambios se sostengan en el tiempo y no respondan únicamente a presiones mediáticas puntuales.
La diputada concluyó su intervención destacando que «tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar en serio, no cuando nos conviene, sino siempre». Esta declaración resume la posición de quienes exigen un sistema de justicia equitativo, donde los condenados por corrupción no gocen de privilegios especiales y donde la recuperación de los fondos públicos sea una prioridad del Estado.
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